Próximo a rendir su primer informe de gobierno, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona parece no darse reposo para dedicarle unas horas a la redacción de éste, quizá el más importante de los documentos que debe entregar a la población del estado para su revisión seria y prudente. Antes de este acto, los juicios sobre la administración que encabeza tuvieron un carácter perceptivo dependiente de cada emisor.
Sin embargo, la presentación de un informe de gobierno no es un acto que necesariamente se someta a un juicio en procuración de enmiendas, en busca de restricciones o para enderezar en algún sentido las políticas gubernamentales. Los informes de gobierno deberían estar más cercanos a la obtención de la confianza de la población en su mandatario, en la certificación de los resultados necesariamente positivos en diversos capítulos de la administración estatal.
Me adelanto, en este sentido, para dejar claro que la respuesta a un informe de gobierno no puede ser unánime.
El informante está obligado a la aclaración y quizá a la extensión de su informe en busca de una mejor comprensión de los informados, porque eso es precisamente uno de los ingredientes de la transparencia y la rendición de cuentas.
La parafernalia acostumbrada en las presentaciones de un informe sobre la marcha del gobierno podría estar presentes esta vez y quizá nos sirviera para incorporar sus diferencias con los presentados por gobernadores del pasado a ese afán nuestro de entender y dimensionar la “herencia maldita” que parece ser el motivo más importante que tiene el gobernador en turno para diagramar su gobierno y operarlo a su modo.
En automático caemos a la cuenta de que los “informes de gobierno” no son lo que uno espera para calificar de “bueno, claro y confiable” el documento que Ricardo Gallardo entregue al Congreso del Estado, porque los legisladores, sin excepción, son dóciles a la voluntad del gobernante. De este modo, le crece al gobernador la tarea de crear ese clima de confianza y acuerdo con los distintos sectores de la población que busca una proximidad con su gobierno sin intermediarios, sin estorbos.
Este es el primordial propósito que debiera tener en mente el político que nos gobierna.
El único renglón indiscutible del gobierno es el programa de ayudas sociales para una población empobrecida que alcanza casi la mitad de los tres millones de habitantes de San Luis Potosí. El resto de la estrategia gubernamental no ha sido puesta a consideración de nadie. Ante esta realidad, la oportunidad de rendir un informe completo y claro es también la ocasión de ganarse la confianza ciudadana, de certificar su gobierno como uno de los mejores que hemos tenido.
Todavía es tiempo de prepararse.
Le restan dos meses para entregar varias cajas de legajos a los legisladores para cumplir a los ojos de todos una obligación constitucional. Pero también le quedan sesenta días para ofrecer un informe comprensible, al ras de la inteligencia del ciudadano común, para que quede fincada esa confianza que se convierte en la seguridad de transitar por la senda correcta.
Así sea.
QUE SE REGULARICE EL SERVICIO AUTOMOTRIZ
Hay temas que pierden importancia por su genérica ocurrencia. En épocas como la que vivimos, inmersos en la pandemia del COVID y de la inseguridad, un tema en especial llama la atención de la población por su elevado costo: el tema automotriz.
Ser propietario de un automóvil, una camioneta, tal vez un camión, ya no es sinónimo de riqueza para nadie. Pero el mercado automotriz es un caos en este momento. No solamente por el precio de las unidades sino por el costo de su mantenimiento y, en paralelo, la discutible calidad de los servicios y de las refacciones, necesarios para la operación de los vehículos.
Los propietarios sufren los fraudes más increíbles que uno pueda pensar. Desde el robo de partes nuevas y la colocación de usadas en autos nuevos llevados a la agencia respectiva para el servicio cada determinado kilometraje, hasta la venta de refacciones no indicadas para los modelos correspondientes, forman esa densa capa de succión monetaria al bolsillo del dueño, casi siempre imposibilitado para presentar una prueba de lo que le ha ocurrido a su vehículo tras su hipotético mantenimiento.
En el mercado potosino de los servicios automotrices ocurren una gran cantidad de historias y anécdotas.
Son sus actores lo mismo mecánicos empíricos que egresados de algún curso de mecánica en escuelas que tienen regular demanda. Por consecuencia, se conocen y reconocen las habilidades de mecánicos que diagnostican por “ruidos” de los motores y de otras partes del vehículo que se trate, lo mismo que aquellos mecánicos que “le saben” a la interpretación de los datos que una “computadora” les proporciona casi al instante.
Pero también existen los talleres de reparación que operan sin tocar alguno de los puntos intermedios en esa escala de aciertos del párrafo anterior. Simplemente le juegan al “chiripazo” y lo hacen gastar a uno dos o tres veces lo que debió costar la mitad. Esta densa nata de “servicios” ofrecidos en talleres sin garantía alguna, es lo que reclama la siguiente reflexión.
Yo recomendaría el autocontrol del sector automotriz en cada ciudad del estado. No tengo preciso si ya existen organismos que asocien y procuren beneficios para el grueso segmento de la demanda que representamos todos, pero evidentemente cada taller, aunque sea modesto, debiera contar con una certificación extendida por sus pares. Lo mismo debe ocurrir con el sector de las refaccionarias.
En los dos casos, la presencia de las agencias de venta de vehículos es determinante. Claro, la avaricia y la voracidad no lo permiten por un tiempo, pues dicen que este tipo de negocios no serían lo exitoso que son sino fuera por el rubro de mantenimiento, aunque el clienta sufra los mismos problemas que en cualquier otro lado por el abuso y la irresponsabilidad de sus mecánicos.
Ha llegado el momento de cuidar la clientela. Es justo ahora que los negocios del sector, cualquiera que sea su dimensión, debieran unirse para ofrecer servicios de calidad que eviten los gastos innecesarios que realizan lo mismo el rico que el pobre, el que dispone de un vehículo para su traslado o quien lo usa para el reparto de otras mercancías. O bien para quienes hacen del transporte público una forma de ganarse el pan de cada día. Quizá se pueda.
EL COTARRO POLÍTICO
La Fiscalía General del Estado acaba de sorprendernos con un aviso importante. En San Luis será posible que nuestros policías reciban “denuncias” sobre posibles delitos cometidos por personas que pueden estar presentes o ausentes en el momento de levantar “denuncias”… Primero porque la institución representa al Ministerio Público y es definida como una “institución de buena fe” y su función está claramente señalada en nuestras leyes y códigos penal y de procedimientos penales. Así mismo se establecen las funciones que tienen los llamados “agentes del Ministerio Público” y que ahora parece que serán extensivas a los agentes policiacos de cualquier rango.
El tema es materia de “tesis” y la vía para que esto se haga realidad es presentar las iniciativas de reforma a las leyes y códigos a fin de que no se actúe sin pensar… Aparte del problema que representa circular por algunas calles y avenidas a determinadas horas del día que nosotros arbitrariamente llamamos “horas pico”, está envuelto el problema de las velocidades. Nomás es cosa que los temerarios “politos de fórmula Diagonal” perciban que “hay pista libre” y se lanzan cual bólido infernal por nuestras destartaladas avenidas y eventualmente por calles de cierto rango… Por razones de seguridad que incluyen el tema de las infracciones al Reglamento de Tránsito, es necesario que los ayuntamientos de la zona metropolitana amplíen al máximo el número de cámaras en cada esquina de esta benemérita ciudad para sancionar a correlones y corretear rateros que frecuentemente asaltan a pacíficos y confiados transeúntes… Érika Irazema Briones Pérez, alcaldesa de Villa de Reyes, está logrando que las grandes empresas automotrices que se encuentran instaladas en territorio de su municipio, paguen el correspondiente impuesto predial por el que su presupuesto será fortalecido… El gobernador Ricardo Gallardo se fue a Villa de Arriaga para apoyar a sus autoridades a realizar obras de beneficio común. Equipo para trabajar el campo y apoyo para la educación se suman a la obra de renovar la plaza principal de la cabecera municipal… Lorena Guadalupe Palomo Colunga, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la ASE, le está poniendo excesiva crema a sus tacos. En vez de dedicarse a lo suyo ayer fue ubicada como quien promueve auditorías a la UASLP cual si se tratara de cualquier institución sospechosa. O le baja o la bajan… Claro, falta lo que nuestros ilustrísimos y nunca bien ponderados legisladores locales interpreten cuando el dedo de Dios se haga presente… Entre tanto, el terrible Manolo está preparándose para una escapada estratégica. ¿Adivinen a dónde?... HASTA LA PRÓXIMA
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