Para meter la mano en la bolsa del gobierno existen varias maneras que, de igual forma, ofrecen diferentes resultados. La más tradicional es a través del reparto consentido de los espacios desde los que se puede ejercer cierta autoridad con acceso a presupuestos y salarios, pasando por el beneficio de las asignaciones de obras o adquisiciones que ofrecen beneficios compartidos como parte de los acuerdos “sub mecatum” entre las partes y terminando por la simulación de gastos que se pagan con la participación de las hoy famosas “factureras”.
Información de EL SOL nos hace ver que estas prácticas se vieron ampliadas con el descubrimiento del uso de todo un sistema informático a través del cual se operó por un tiempo desconocido una “mina de criptomonedas” utilizando equipos del Conalep con ganancias que se presumen millonarias. El descubrimiento no fue casual. La dirección del sistema educativo en cuestión pidió una investigación más profunda cuando se detectó el sistema de operaciones debido a errores que causaba en su red de cómputo.
Uno no se imagina el monto de las pérdidas ocasionadas por la práctica del conjunto de formas de meter la mano en el bolsillo gubernamental desde un pasado sin límite. Sin embargo, los resultados están a la vista. Un gobierno ineficaz por donde se le quiera ver, acumulación de necesidades en casi todos los renglones de la administración pública, así como inexperiencia del personal que se encarga del manejo de programas que reclaman un gasto millonario cada sexenio.
Los criterios administrativos no han cambiado. Cada seis años el relevo de una gran cantidad de secretarios, directores, subdirectores, administradores, etcétera, tiene como pretexto la amistad y la confianza entre quienes forman el primer círculo del gobernador y sus correspondientes allegados. Ahora, por ejemplo, forman parte de la nómina oficial un buen número de recién llegados al amparo de las siglas del partido Verde Ecologista, con posiciones que no han demostrado dominar profesionalmente.
El manejo discrecional sobre el uso de los recursos monetarios del gobierno en sus tres poderes tiene sus razones para permanecer en la oscuridad. Los favoritos del gobierno operan sin necesidad de rendir cuentas a nadie y sin presentar las aclaraciones que la ley obliga en este campo.
Toda la administración pública ofrece formas muy diversas para la canalización de beneficios económicos. La transparencia obligada se manipula desde que las leyes en la materia fueron aprobadas pues el control de los organismos revisores se impone sin miramientos. No importa el desprestigio si con esos controles es posible acrecentar los beneficios económicos.
La perversión de la administración pública impide la maduración de una estructura burocrática permanente, responsable y con honestidad certificada. Estamos lejos de separar las estructuras administrativas de la intromisión de políticos que obedecen consignas distintas en cada periodo de gobierno.
El resultado final de todo este desbarajuste es el gran atraso que tiene el estado en todos los renglones de su vida económica, política y social. La reinversión de programas impide la reiteración de aquellos que pudieron dar algún resultado en plazos mayores a los seis años. Cada sexenio se inauguran nuevas ideas, eventualmente opuestas a las inmediatas anteriores, que obligan un camino sin rumbo fijo. Por todas esas causas, pero especialmente por el desatino a causa de inexperiencias, la administración pública de San Luis Potosí ofrece pobres y lentos resultados a través del tiempo. Y no hay madurez a la vista.
AGUA QUE NO HAS DE BEBER
En fechas recientes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se ha referido al plan que analiza la Comisión Nacional del Agua para abastecer la zona metropolitana de Monterrey con aguas del río Pánuco que atraviesa parte de la Huasteca Potosina y termina vertiendo sus aguas en el Golfo de México precisamente en el puerto de Tampico. Lo ha hecho para remarcar, una y otra vez, que las aguas de nuestros ríos no serán extraídas para llevarlas a otro estado, aludiendo al de Nuevo León que hoy padece una de las crisis más severas por la falta de agua potable.
Las referencias del gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, tiene su punto de sustento en un viejo proyecto de los regiomontanos desde que descubrieron que alguna vez iban a tener problemas de abasto de agua potable, siendo por entonces gobernador de ese estado el licenciado Alfonso Martínez Domínguez. Si la transferencia de esas aguas no se ha hecho es por dos razones muy simples de entender. El Pánuco recibe las aguas del drenaje profundo de la Ciudad de México y cualquier agregado sobra.
Quizá solamente convenga recordar que el drenaje profundo capitalino vierte sus desechos en el río Tula, que a su vez vierte en el río Moctezuma y éste en el río Pánuco en los límites entre Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. El largo recorrido de las aguas negras deja a su paso sólidos, aceites, desechos de laboratorios clínicos, que no alcanzan a perder sus efectos pues las aguas del Moctezuma perdieron su producción de peces de agua dulce y la desaparición de las famosas “acamayas” en tanto que la población de cientos de comunidades huastecas sufre enfermedades de la piel si se bañan en el citado río.
Hasta ahí parece no haber motivos para discutir con el gobernador de Nuevo León. Sin embargo, lo que el gobierno del vecino estado quiere es llevarse parte de las aguas del río Tampaón, que originalmente es el Santa María, que nace justo en nuestro rebocero municipio y que sería parcialmente interceptado en las cercanías de Ciudad Valles, después de recibir las aguas del río Gallinas donde se forma la famosa cascada de Tamul, en Aquismón. Estos ya son otros díceres y es justo lo que Gallardo no acepta.
Cuando Martínez Domínguez planteó el proyecto, el Pánuco no llevaba contaminantes de la Ciudad de México, como ahora. Esa es la razón por la que el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda plantea que sea agua del Tampaón la que la CNA autorice para que sea llevada a Monterrey, pero esta sería una obra faraónica que no dispone de presupuesto para su realización, lo que alienta las bravuconadas de Gallardo Cardona.
Reitero la idea de que, si se acepta que aguas potosinas sean llevadas a Monterrey, que sean de la presa El Realito, nomás que se cancele el contrato a la empresa que no ha podido cumplir con la capital potosina y se forme una nueva empresa, quizá con capital regio y que se incluya a San Luis en su trayecto. Vale recordar, finalmente, que no es lo mismo subir el agua de 20 metros sobre el nivel del mar como está en Ciudad Valles, a casi 300 metros sobre el nivel del mar como estaría en Monterrey. Llevarla por gravedad en su trecho más largo, es otro cantar. Y déjense de pendejadas, todos tenemos derecho al agua.
