Solárium

Dos temas importantes: grilla y realidad

Evidentemente Federico Arturo Garza Herrera entendió bien su situación y cortó por lo sano. Su decisión es parte de una historia que no acaba todavía y, por tanto, sus consecuencias están fuera del alcance de cualquiera. Pero, aunque usted no lo crea, la salida del primer fiscal potosino -lo fue desde octubre de 2017- es parte de la ruta por donde transitan todos los presagios que se han planteado sobre el gobierno que inicia mañana.

Si la fiscalía a cargo de Garza Herrera no encontró remedios a su alcance para atender las peticiones de su equipo de trabajo y eso causó el bloqueo a la zona industrial, y si tampoco alcanzó la autoridad suficiente para destrabar el complicado problema que cimentó el liderazgo de Adriana Moya, una mujer que surgió de la base en la fiscalía y que hizo su carrera de leyes mientras era encargada del archivo, quien no enderezó su protesta contra la fiscalía sino contra el gobernador Juan Manuel Carreras, obviamente Garza Herrera tampoco pudo darse cuenta de que en todo esto hubo y hay gato encerrado.

No obstante, la coincidencia misteriosa entre el día del bloqueo al acceso de miles de trabajadores a sus fuentes de trabajo y la fecha en la cual la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, despertó tal volumen de suspicacias entre los segmentos de población afectados, que no disminuyó la importancia del asunto y tal parece que seguirá, aunque en otros términos y condiciones, en manos de los nuevos funcionarios que a partir de mañana se hacen cargo de lo que ya recibieron.

Y es que Federico Arturo Garza Herrera fue electo por el Congreso del Estado, ante el cual presentó ayer su renuncia, para cubrir un periodo que vence hasta el 26 de octubre de 2024. Despejar el área de la procuración de justicia es, por lo que se ve, parte de una estrategia para ocuparla sin estorbos, para el arribo de incondicionales con los que luego contar.

Digamos que es natural lo ocurrido ayer en la Fiscalía General del Estado, debido al cambio de gobierno. Lo irregular es sostener la falta de respeto a las fechas de un periodo previamente establecido por parte del renunciante como de quien maniobra para ocasionar su salida. Es decir, si cada seis años van a cambiar de fiscal ¿qué objeto tiene la faramalla de un periodo prefijado?

La percepción popular indica que los temas de seguridad y justicia son tan importantes como los relacionados con la economía. La nueva administración seguramente considera el tema con la relevancia que tiene, pero, en el lado oscuro del asunto, se encuentra la calidad de quienes entrarán al relevo. Malo es que, de inicio, quien se perfila como nuevo titular lo primero que debería hacer es revisar su propio expediente.

No es deseable que una nueva administración gubernamental despegue entre escándalos lo cual no significa que se abstenga de corregir, de sancionar y de ordenar las operaciones gubernamentales. Si el griterío de la plaza exige justicia para satisfacer la euforia del triunfo, más vale que el aparato justiciero se ponga en manos confiables de quien mañana recibe el poder pleno de hacer y deshacer.

ORA VIENE LO SERIO

Un censo de gobiernos estatales publicado por INEGI el pasado 1 de septiembre de este año coloca a San Luis Potosí entre 14 estados que tienen entre 71 y 90 instituciones y cuenta para operar con un presupuesto de 34,573 millones de pesos este año. El 62.7 por ciento de sus titulares actuales son hombres y el 37.3 son mujeres. Aún ignoramos cómo incidirá el cambio de gobierno en esa relación.

La cifra actualizada de personas que trabajan en las dependencias gubernamentales no está disponible, pero se sabe que el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres. El documento señala como dato interesante que 40 trabajadores del gobierno de San Luis Potosí fallecieron por COVID 19.

La transparencia de nuestro gobierno es tema atractivo. Recibió 2,533 solicitudes de información y respondió a las mismas, aparentemente sin dilación. San Luis Potosí está entre 17 entidades del país que ha sancionado un máximo de 50 servidores públicos por su responsabilidad en diversos hechos.

El mismo censo de INEGI señala que el estado dispone de normatividad para adquisiciones, arrendamientos y servicios, pero no dispone de la misma normatividad para la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma.

El monto de los contratos realizados en 2020 ascendió a 549.9 millones de pesos. Por adjudicación directa se contrataron 209.4 millones de pesos, por invitación a cuando menos 3 personas se dieron 55,3 millones de pesos y por licitación pública 12.3 millones de pesos, mediante otros mecanismos se asignaron 292.7 millones de pesos. Así las cosas, el 36.8 por ciento de los contratos se adjudicaron por la vía directa. El 9.7 por ciento se asignó por invitación a cuando menos 3 personas, por licitación pública nacional el 2.2 por ciento y mediante otros mecanismos el 51.4 por ciento.

Digamos que este es el panorama actual de la administración del estado. Para entendernos, una administración es responsable de lo ocurrido entre la fecha de inicio y la de término sin lugar a duda. En teoría quien recibe la administración acepta que la anterior hizo una entrega real, pero no está obligado a justificar el proceso anterior a la recepción. Con esa mira, lo que el gobierno de Ricardo Gallardo reciba será su responsabilidad operarlo a partir de mañana, pero no está obligado a responder sobre los manejos de las finanzas, activos y pasivos que son resultado de operaciones anteriores.

El proceso de fiscalización gubernamental está en proceso y en su momento podremos conocer sus resultados. No es, por tanto, el gran juzgador de lo acontecido hasta hoy sino el gran administrador de lo que en herencia se le entrega mañana.

No obstante, previene el gobernador entrante que las arcas no son suficientes. Se anticipa la versión de obtener un préstamo millonario. Será cuestión de justificar, con la misma minuciosidad con la que se detalla el faltante, el destino del recurso que se agregue al monto de la deuda pública del estado.

Pero no todo está tan oscuro. El presupuesto federal que estudia actualmente el Congreso de la Unión para aplicarse en 2022 contempla asignaciones para San Luis Potosí que ascienden a 45,773.7 millones de pesos que, de aprobarse, representarán el 90 por ciento de los ingresos totales del estado. Es decir, andaríamos rondando los 50 mil millones de presupuesto para el año que viene. Comparado con el presupuesto de este año, estaríamos hablando de pasar de 34 mil millones de pesos a casi 50 mil millones, con una diferencia que permitirá una operación sana de las finanzas, si se saben manejar.

EL COTARRO POLÍTICO

El bloqueo de vialidades realizado por taxistas es la punta de un iceberg en que está convertido el sistema de transporte concesionado. Piden a su modo, siempre prepotente el otorgamiento de permisos para no cientos sino miles de autos en la ciudad y en los principales municipios. Las tarifas autorizadas están dentro de las más caras de México y, como dice la gente, “donde lloran está el muerto”… Si así se quieren estrenar con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, este bien haría en marcarles un alto y ponerlos en su lugar… El enojo de las empresas afectadas con el paro de los fiscales y policías de investigación es causado por las pérdidas económicas que ocasionaron y tienen razón. Ora que les cobren a los bloqueadores… No tengo, al momento, una lista de colaboradores del nuevo gobierno, pero no se pierde usted de nada bueno. Apenas van a ver si pueden y si los dejan poder… Ahora se enderezan las baterías contra Xavier Nava Palacios. El desastre de ciudad que nos deja no corresponde totalmente a su responsabilidad. Esta urbe tiene años de abandono, abusos, robos de terrenos públicos, robos de todo lo que una caterva de malvivientes puede cargar. Corregir es asunto mayor y el alcalde electo Enrique Galindo Ceballos va a tener que esmerarse en corregir. No hay de otra… Por lo pronto, recuperar terrenos robados. O cobrar su valor… El diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón que preside la Comisión de Hacienda del Estado anunció un presupuesto estatal 2022 ordenado, que impulse el desarrollo económico. Afirmó: “los momentos de pandemia que vivimos son motivos de gran preocupación para la población, la salud, la seguridad, y la recuperación económica, esta última es la que tendrá un impacto directo en la Comisión de Hacienda”… Entre tanto, la Comisión del Agua del Congreso del Estado trabajará para que los potosinos tengan un servicio de calidad y paguen lo justo por él, ya que la falta de agua en tiempos de pandemia es un grave problema que afecta la salud de todos, dijo la presidenta de la Comisión, diputada Dolores Eliza García Román, en la instalación de la comisión legislativa en que estuvieron la vicepresidenta diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, el secretario diputado Alejandro Leal Tovías, así como los vocales diputado José Luis Fernández Martínez y José Antonio Lorca Valle… Afirma el diputado Rubén Guajardo que los estados de Morelos, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y San Luis Potosí, son catalogados como los más peligrosos, situación estimada por la propia población que considera que vivir en nuestra entidad federativa es inseguro a consecuencia de los delitos ocurridos durante el período de marzo y abril de este año. "Los vacíos de poder que se han generado desde la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, hoy se ven reflejados en una prevalencia en la tasa delictiva con 23 mil 520 víctimas; de esto tienen que responder las autoridades que han dejado casi abandonada esta dependencia"… Pide el terrible Manolo que dejemos de molestarlo con tanto chisme y palabrería. Dejémoslo trabajar… HASTA LA PRÓXIMA

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