· ¿Por qué no revisar la coordinación fiscal?
Ante los apremios de una economía estatal débil, sin una prospectiva favorable en todos los campos, la imaginación no alcanza para alcanzar una forma de transformar el convenio de coordinación fiscal entre la federación y los estados, en algo que permita a las entidades mejorar sus ingresos para ser más eficaces en la atención de las necesidades del estado y de los municipios.
Firmado hace casi 50 años, la intención inicial al centralizar la recaudación de los impuestos fundamentales tuvo como objetivo redistribuir el ingreso considerando factores como el volumen de población, los niveles de pobreza, la cantidad recaudada en cada estado, etcétera, lo cual permite a los estados del sur recibir parte de la riqueza fiscal que se genera en el norte del país. Las fórmulas y procedimientos de la coordinación fiscal no han sido revisados a la luz de las nuevas circunstancias nacionales. La entrega de participaciones a los estados pobres, através de diversos mecanismos, hizo que las corruptelas truncaran sus beneficios.
Sin embargo, las entidades del norte del país, entre las que se encuentra San Luis Potosí, han tenido un desarrollo constante y un crecimiento de población que eleva la responsabilidad gubernamental de atender las necesidades que el progreso implica. Los alrededor de 50 mil millones de pesos destinados al estado para el presente año, no significan un cambio real en el gasto gubernamental. Todavía 90 pesos de cada 100 se destinan al gasto corriente y la inversión es apenas significativa por lo que resulta imposible, por ejemplo, resolver el colapso urbano en que se encuentra el área metropolitana de San Luis Potosí.
Los vicios fiscales de permitir que un número impreciso de empresas industriales presenten sus declaraciones de impuestos en la ciudad de México o en la zona fronteriza, impide a los gobiernos estatales reclamar más cantidad de dinero procedente de las participaciones fiscales. La revisión en este sentido permitiría, quizá, tener como referencia el producto interno bruto anual en cada estado de la república, para señalar nuevas proporciones de distribución del dinero captado por la federación y asignado a las participaciones fiscales.
Pero son razones políticas de control las que impiden siquiera proponer el tema ante las instancias de gobierno porque solamente lo que surge de las disposiciones presidenciales es lo que se agenda en las cámaras legislativas. Es posible que ningún recurso alcance para abatir la pobreza en México que afecta casi a la mitad de la población, pero no hay forma de estimular el desarrollo en los estados que más trabajan y producen porque en México la holgazanería está subsidiada.
LAS NUEVAS TARIFAS POR LEY
La sorpresa no puede ser mayor. Las nuevas tarifas del transporte público se aplican por ley cada año y no hay poder humano que lo impida. El llamado pulpo camionero absorbe buena parte del ajuste salarial recién autorizado por el gobierno federal, y lo anula.
Todavía no se habla de cantidades, pero mientras el costo del pasaje se multiplica en porcentajes mayores al nivel del gasto familiar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado se escabulle de la responsabilidad de hacer valer los compromisos que los camioneros deben haber firmado para alcanzar una ventaja como la de asegurar tarifas por ley, sin discutir las opiniones de los afectados.
La SCT del estado se caracteriza por su falta de fuerza. No logra controlar los aspectos negativos del sistema de transporte urbano porque existen compromisos que bajo la mesa se han fincado y hoy no pueden hacer, por ejemplo, que dejen de circular camiones de pasajeros cuya antigüedad en el servicio está rebasada, o que sus condiciones mecánicas dejan de ser las mejores.
La tarifa ronda los diez pesos por pasajero. Una unidad transporta en promedio mil viajeros por día. Un concesionario se endilga 10 mil pesos diarios de los cuales le paga a su chofer aproximadamente 500 pesos por día. Mientras el concesionario recibe 300 mil pesos mensuales el chofer recibe 15 mil por un mes de trabajo que excede los horarios de ley. Dadas las condiciones del conjunto de autobuses, ¿usted cree que el gasto total por unidad llegue a 100 mil pesos en un mes? Nunca. Y hay concesionarios que tienen hasta 10 camiones.
EL COTARRO POLÍTICO
Este año puede calificarse como “pesado”para San Luis Potosí, a juzgar por las declaraciones del gobernador Juan Manuel Carreras López durante la primera conferencia de prensa de este año en el Palacio de Gobierno.En cuanto a inversión en obra pública, se declaró optimista por los acuerdos a que llegó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en meses previos y que van a detonar paulatinamente… Además, consideró que una vez que se complementen los convenios del T-MEC podrá haber certeza para la inversión privada que genera empleos formales, amén de las obras ya en proceso que continuarán un desarrollo sostenido… Además, el gobernador Carreras López expresó que independientemente de los programas de salud del Gobierno Federal, como es el INSABI, su administración tiene como prioridad, desde el 2015, la salud de todas las familias potosinas. “En San Luis Potosí estamos muy ocupados en atender la salud de todos los potosinos, muy aparte del resto de los programas oficiales. Esta es una gran prioridad”… Finalmente, ayer fueron inaugurados por el Gobernadorlos dos brazos adicionales al Distribuidor Vial Benito Juárez como primer paso para solucionar parte del problema de movilidad urbana que afecta a la carretera 57 todos los días y a todas horas… Entre tanto, el terrible Manolo está listo para sacar el muñequito de la rosca… HASTA LA PRÓXIMA
