/ sábado 10 de noviembre de 2018

Solarium

· LLa bestia que llevamos dentro

En torno a cualquier intento de linchamiento siempre podrán construirse las más diversas tesis sobre su causa y efectos, pero pocas veces podría justificarse en este siglo de luces. Vale la pena analizar esos dos elementos vigentes en nuestro medio, para entender la gravedad y la ligereza de dar paso a la venganza inmediata y directa como el único recurso efectivo ante la posible impunidad con que se etiquetan ahora los casos en que los presuntos responsables de un delito quedan sin castigo.

El caso reprobable y enojoso de que un profesor de escuela primaria haya sido objeto de un intento de linchamiento en la comunidad de Milpillas, al norte de la ciudad, despierta la necesidad de analizar una situación que tiende a repetirse cuando no se logra su inmediata erradicación por la vía de la ley. El castigo físico aplicado al mentor por el grupo de personas que lo agredió seguramente será sancionado pero ha de explicarse con el sustento de la ley para no dejar resabios ni deseos de venganza directa entre quienes fueron actores en estos hechos.

Los primeros que deben explicar el tema son los fiscales. El linchamiento como un acto descontrolado de un grupo social rebasa las dimensiones de la ley pero también elimina la presencia de las autoridades para aplicarla, es decir, es una expresión de desconfianza sobre la autoridad en la aplicación de castigos considerados en el marco legal. Los participantes en un linchamiento son al mismo tiempo jueces y parte. Se convierten en forma automática en verdugos que castigan sin previo juicio que valore la culpa y la sancione como debe de ser, con base en la ley.

Pero la voz de los jueces en abono de su función y presencia en el proceso que busca la justicia, es todavía más importante. No pueden ser desplazados por la estridencia del grito que clama venganza directa e inmediata. Tampoco deben admitir las dimensiones del castigo –casi siempre los linchamientos pretenden la muerte del castigado- pues las penas mortales no están en los códigos mexicanos que pretenden regular la vida social en cada estado del país y en el ámbito federal cuando esa categoría penal es aplicable.

La declaración de rechazo al linchamiento no puede ni debe ser una reacción tan espontánea como aquél, debe ser sustentada en criterios filosóficos del derecho y demostrarse en la vida real haciendo que los habitantes de una región, de un municipio o del estado en general, estén plenamente convencidos de que hay una vigencia real del estado de derecho y de que si todos somos tenemos acceso a la justicia sin condiciones, el deseo de una venganza inmediata podría eliminarse de la conciencia social. Fiscales y jueces son poseedores del conocimiento necesario para construir una imagen clara de la función de ambos en la convivencia social. Pueden, en consecuencia, diseñar las formas en que han de ilustrarnos sobre las formas de acceder a la justicia sin distorsiones.

Este caso, en resumen, nos llama a la aplicación de medidas educativas, de formación y de responsabilidad para no dejar que los sentimientos primitivos que llevamos sean la expresión violenta de la bestia que todos llevamos dentro.

DARÁN LIBERTAD PARA OBTENER SEGURIDAD

Los dos niveles superiores del gobierno colocaron en el horizonte la regulación legal de la producción, comercialización y consumo de la marihuana como una vía para obtener mayor seguridad pública a lo largo y ancho del país. Su intención es buena pero sus cálculos no toman en cuenta todas las posibilidades y se arriesgan al error que disminuya o cambie los resultados que se buscan.

La legalización de la producción, la comercialización y el consumo de la marihuana no desplazará a los productores, a los comercializadores ni menos aún a los consumidores de ahora. Su permanencia en el mercado de las drogas solamente desaparecerá el combate policiaco de cada una de esas actividades pero ninguno de los personajes vinculados ahora al proceso de la marihuana va a dejar el campo libre cuando sea legal. Los efectos económicos son otra cosa. Es posible que la yerba se consiga más barata en lugares permitidos de comercialización, pero –en contraparte- también será mayor el volumen de su consumo por la reforma de las leyes.

La competencia por el mercado en todos los rincones de México hará que la confrontación violenta de las organizaciones que ahora tienen un mercado ilegal, enseguida lo hagan por conservar el monopolio en determinadas zonas y por alcanzar la supremacía en la comercialización bajo las condiciones que hoy rigen en los mercados del estupefaciente.

El tema viene a cuento porque en la comparecencia del gobernador Juan Manuel Carreras López ante un Congreso del Estado que se vio hasta comedido ante el Ejecutivo, el mandatario anunció la revisión de las leyes que tuvieran aplicación en el proceso de producir, vender y consumir la yerba que por muchos años ha sido causa de enfrentamientos, de crímenes y de corruptelas que tienen impactada a la sociedad mexicana.

No hay todavía una propuesta concreta en el nivel estatal –que como siempre espera las decisiones federales, para asumirlas como propias- pero ya se ve que el impacto de la legalización en el campo de la inseguridad pública será relativamente registrable. Los señores de la droga no cederán sus espacios en ninguno de los tres puntos del proceso arriba señalado cuando dejarán de ser señalados como delincuentes. Es cierto que tendrán otros recursos para conservar su supremacía, pero están acostumbrados a la defensa y al ataque armado en territorios que han considerados como suyos, sin importar cualquier otro aspecto.

La coincidencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el análisis de la modificación de la producción, el comercio y el consumo busca, desde mi punto de vista, disminuir el contenido de sus responsabilidades en materia de seguridad, pero el acortamiento del listado de sus obligaciones no significa que haya elementos que garanticen una convivencia en paz por cuanto al comportamiento del mercado de la marihuana.

Los escenarios para el mercadeo y el consumo no van a cambiar. El mercadeo seguirá las huellas del alcohol, es decir, en cantinas, bares y antros, como hasta hoy. Sólo que la oferta será abierta y sin prejuicios. El consumo no será clandestino y muchos de sus más fieles adoradores podrán tranquilizarse “echándose su cigarrito”.

EL COTARRO POLÍTICO

La comparecencia del gobernador Juan Manuel Carreras López en el Congreso del Estado reflejó el trato real que existe entre los dos poderes más expuestos a la discrepancia como al acuerdo como expresión de su independencia y mutuo respeto… En principio destaco la conducta de los personajes que intentan llevarse la escena legislativa como patrimonio a su favor. Cándido Ochoa Rojas condujo su intervención en campos prudentemente calculados. Por momentos sus preguntas fueron hasta comedidas para que el titular del Ejecutivo les diera respuesta sin tragar saliva… Pedro Carrizales, El Mijis, cayó otra vez en el histrionismo y mostró la hinchazón de su ego como un mal que le produce mareos… Su imaginario grupo de fans le cambia el estilo… El más flemático de los legisladores fue Eugenio Govea Arcos quien reitera su convicción de que no hay humano capaz de interpretar la realidad del estado mejor que él… La inseguridad lo es todo ¿y qué va a hacer el día que desaparezca?... El gobernador Juan Manuel Carreras López participó en el foro “Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana” en el que el presidente Enrique Peña Nieto presentó los resultados del “Índice de Prosperidad Urbana”, realizado para 305 ciudades del país en la que habita 90 por ciento de la población, cuyo diseño contó con la participación de representantes de la ONU-Hábitat. Carreras López, aseguró que el Índice de Ciudades Prósperas, es una herramienta que nos permitirá entender, analizar, planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano, de ahí la importancia de que San Luis Potosí participe activamente a través del Instituto de Vivienda del Estado… El Secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, presentó su programa de descuentos a los morosos que deben los derechos vehiculares o las licencias vencidas, para que se regularicen este fin de año con beneficios importantes. Es la segunda vez en este año que el funcionario aplica criterios prácticos para elevar el ingreso del gobierno. Ambos rubros son los que admiten el descuento como facilidad para regularizarse, pues los impuestos no se pueden negociar en su pago… Otra vez vuelven a pelear el Interapas y vecinos de Soledad. Todos sabemos los orígenes del pleito y lo peor del asunto es que de ambos lados le buscan para tirarse golpes bajos. La manzana de la discordia sigue siendo la delegada pero no hay quién ponga orden y razone el tema como debe de ser… Entre tanto, el terrible Manolo fue por los tamalitos y el atolito. ¡Usted dirá!... HASTA LA PRÓXIMA


pedrocervantesroque@yahoo.com.mx


· LLa bestia que llevamos dentro

En torno a cualquier intento de linchamiento siempre podrán construirse las más diversas tesis sobre su causa y efectos, pero pocas veces podría justificarse en este siglo de luces. Vale la pena analizar esos dos elementos vigentes en nuestro medio, para entender la gravedad y la ligereza de dar paso a la venganza inmediata y directa como el único recurso efectivo ante la posible impunidad con que se etiquetan ahora los casos en que los presuntos responsables de un delito quedan sin castigo.

El caso reprobable y enojoso de que un profesor de escuela primaria haya sido objeto de un intento de linchamiento en la comunidad de Milpillas, al norte de la ciudad, despierta la necesidad de analizar una situación que tiende a repetirse cuando no se logra su inmediata erradicación por la vía de la ley. El castigo físico aplicado al mentor por el grupo de personas que lo agredió seguramente será sancionado pero ha de explicarse con el sustento de la ley para no dejar resabios ni deseos de venganza directa entre quienes fueron actores en estos hechos.

Los primeros que deben explicar el tema son los fiscales. El linchamiento como un acto descontrolado de un grupo social rebasa las dimensiones de la ley pero también elimina la presencia de las autoridades para aplicarla, es decir, es una expresión de desconfianza sobre la autoridad en la aplicación de castigos considerados en el marco legal. Los participantes en un linchamiento son al mismo tiempo jueces y parte. Se convierten en forma automática en verdugos que castigan sin previo juicio que valore la culpa y la sancione como debe de ser, con base en la ley.

Pero la voz de los jueces en abono de su función y presencia en el proceso que busca la justicia, es todavía más importante. No pueden ser desplazados por la estridencia del grito que clama venganza directa e inmediata. Tampoco deben admitir las dimensiones del castigo –casi siempre los linchamientos pretenden la muerte del castigado- pues las penas mortales no están en los códigos mexicanos que pretenden regular la vida social en cada estado del país y en el ámbito federal cuando esa categoría penal es aplicable.

La declaración de rechazo al linchamiento no puede ni debe ser una reacción tan espontánea como aquél, debe ser sustentada en criterios filosóficos del derecho y demostrarse en la vida real haciendo que los habitantes de una región, de un municipio o del estado en general, estén plenamente convencidos de que hay una vigencia real del estado de derecho y de que si todos somos tenemos acceso a la justicia sin condiciones, el deseo de una venganza inmediata podría eliminarse de la conciencia social. Fiscales y jueces son poseedores del conocimiento necesario para construir una imagen clara de la función de ambos en la convivencia social. Pueden, en consecuencia, diseñar las formas en que han de ilustrarnos sobre las formas de acceder a la justicia sin distorsiones.

Este caso, en resumen, nos llama a la aplicación de medidas educativas, de formación y de responsabilidad para no dejar que los sentimientos primitivos que llevamos sean la expresión violenta de la bestia que todos llevamos dentro.

DARÁN LIBERTAD PARA OBTENER SEGURIDAD

Los dos niveles superiores del gobierno colocaron en el horizonte la regulación legal de la producción, comercialización y consumo de la marihuana como una vía para obtener mayor seguridad pública a lo largo y ancho del país. Su intención es buena pero sus cálculos no toman en cuenta todas las posibilidades y se arriesgan al error que disminuya o cambie los resultados que se buscan.

La legalización de la producción, la comercialización y el consumo de la marihuana no desplazará a los productores, a los comercializadores ni menos aún a los consumidores de ahora. Su permanencia en el mercado de las drogas solamente desaparecerá el combate policiaco de cada una de esas actividades pero ninguno de los personajes vinculados ahora al proceso de la marihuana va a dejar el campo libre cuando sea legal. Los efectos económicos son otra cosa. Es posible que la yerba se consiga más barata en lugares permitidos de comercialización, pero –en contraparte- también será mayor el volumen de su consumo por la reforma de las leyes.

La competencia por el mercado en todos los rincones de México hará que la confrontación violenta de las organizaciones que ahora tienen un mercado ilegal, enseguida lo hagan por conservar el monopolio en determinadas zonas y por alcanzar la supremacía en la comercialización bajo las condiciones que hoy rigen en los mercados del estupefaciente.

El tema viene a cuento porque en la comparecencia del gobernador Juan Manuel Carreras López ante un Congreso del Estado que se vio hasta comedido ante el Ejecutivo, el mandatario anunció la revisión de las leyes que tuvieran aplicación en el proceso de producir, vender y consumir la yerba que por muchos años ha sido causa de enfrentamientos, de crímenes y de corruptelas que tienen impactada a la sociedad mexicana.

No hay todavía una propuesta concreta en el nivel estatal –que como siempre espera las decisiones federales, para asumirlas como propias- pero ya se ve que el impacto de la legalización en el campo de la inseguridad pública será relativamente registrable. Los señores de la droga no cederán sus espacios en ninguno de los tres puntos del proceso arriba señalado cuando dejarán de ser señalados como delincuentes. Es cierto que tendrán otros recursos para conservar su supremacía, pero están acostumbrados a la defensa y al ataque armado en territorios que han considerados como suyos, sin importar cualquier otro aspecto.

La coincidencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el análisis de la modificación de la producción, el comercio y el consumo busca, desde mi punto de vista, disminuir el contenido de sus responsabilidades en materia de seguridad, pero el acortamiento del listado de sus obligaciones no significa que haya elementos que garanticen una convivencia en paz por cuanto al comportamiento del mercado de la marihuana.

Los escenarios para el mercadeo y el consumo no van a cambiar. El mercadeo seguirá las huellas del alcohol, es decir, en cantinas, bares y antros, como hasta hoy. Sólo que la oferta será abierta y sin prejuicios. El consumo no será clandestino y muchos de sus más fieles adoradores podrán tranquilizarse “echándose su cigarrito”.

EL COTARRO POLÍTICO

La comparecencia del gobernador Juan Manuel Carreras López en el Congreso del Estado reflejó el trato real que existe entre los dos poderes más expuestos a la discrepancia como al acuerdo como expresión de su independencia y mutuo respeto… En principio destaco la conducta de los personajes que intentan llevarse la escena legislativa como patrimonio a su favor. Cándido Ochoa Rojas condujo su intervención en campos prudentemente calculados. Por momentos sus preguntas fueron hasta comedidas para que el titular del Ejecutivo les diera respuesta sin tragar saliva… Pedro Carrizales, El Mijis, cayó otra vez en el histrionismo y mostró la hinchazón de su ego como un mal que le produce mareos… Su imaginario grupo de fans le cambia el estilo… El más flemático de los legisladores fue Eugenio Govea Arcos quien reitera su convicción de que no hay humano capaz de interpretar la realidad del estado mejor que él… La inseguridad lo es todo ¿y qué va a hacer el día que desaparezca?... El gobernador Juan Manuel Carreras López participó en el foro “Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana” en el que el presidente Enrique Peña Nieto presentó los resultados del “Índice de Prosperidad Urbana”, realizado para 305 ciudades del país en la que habita 90 por ciento de la población, cuyo diseño contó con la participación de representantes de la ONU-Hábitat. Carreras López, aseguró que el Índice de Ciudades Prósperas, es una herramienta que nos permitirá entender, analizar, planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano, de ahí la importancia de que San Luis Potosí participe activamente a través del Instituto de Vivienda del Estado… El Secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, presentó su programa de descuentos a los morosos que deben los derechos vehiculares o las licencias vencidas, para que se regularicen este fin de año con beneficios importantes. Es la segunda vez en este año que el funcionario aplica criterios prácticos para elevar el ingreso del gobierno. Ambos rubros son los que admiten el descuento como facilidad para regularizarse, pues los impuestos no se pueden negociar en su pago… Otra vez vuelven a pelear el Interapas y vecinos de Soledad. Todos sabemos los orígenes del pleito y lo peor del asunto es que de ambos lados le buscan para tirarse golpes bajos. La manzana de la discordia sigue siendo la delegada pero no hay quién ponga orden y razone el tema como debe de ser… Entre tanto, el terrible Manolo fue por los tamalitos y el atolito. ¡Usted dirá!... HASTA LA PRÓXIMA


pedrocervantesroque@yahoo.com.mx


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