El gobernador Juan Manuel Carreras López realizó una gestión en la Ciudad de México que dejó a salvo los derechos de pensiones de 31,281 trabajadores del sector educativo que fueron afectados en el año 2008 por decisiones del Congreso de la Unión que en modificaciones a la fórmula de distribución del FAEB lesionó las finanzas de 20 entidades, entre ellas las de San Luis Potosí, hasta por 5,835.8 millones de pesos.
En una reunión con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Luis Antonio Ramírez Pineda, acordaron que el remanente de ese adeudo que fue espontáneo de 3,534.2 millones de pesos se amortizara en un lapso de diez años, sin período de gracia.
Con ello, más de 26 mil maestros y 5,236 empleados administrativos vieron a salvo sus cuotas para pensiones y el Gobierno del Estado protegió las participaciones federales anuales que unilateralmente eran confiscadas por el ISSSTE, en este año, hasta por 480 millones de pesos.
Se trata de un convenio sorpresivo, inesperado, ante una anomalía que se generó por modificaciones legislativas a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Federal en el año 2008, que generó afectaciones directas a entidades federativas y que no vieron ayuda de ninguna especie de los gobiernos federales que siguieron, a pesar de que en esos “adeudos” se encuentran las aportaciones y retenciones al ISSSTE correspondientes a los trabajadores de la educación de San Luis Potosí.
Ya con el problema encima, en septiembre del año pasado, San Luis Potosí obtiene la aprobación del Congreso del Estado para afectar hasta el 2.5 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones para el Pago de Adeudos con el ISSSTE, por un monto de hasta 1,225.9 millones de pesos más actualizaciones y recargos generados del quinto bimestre del año 2011 al sexto bimestre del 2014.
Este ejemplo sirve para ilustrar el tamaño del problema que tenían a cuestas tanto el Gobierno del Estado como los maestros y trabajadores administrativos, (31,281), solamente por una decisión que se tomó en las más altas tribunas políticas del país y que ahora fue nulificada mediante un acuerdo con Luis Antonio Ramírez Pineda, quien en todo momento se mostró accesible a los planteamientos que le hizo el gobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras.
Es comprensible que una cantidad de esta naturaleza, (3,534 millones de pesos), no es cualquier cosa. No es una suma que se pueda disponer fácilmente de un presupuesto como el de San Luis Potosí que con penurias alcanzaría los 49 mil millones de pesos anuales, entonces, el beneficio de la acción de Carreras López también está en que se evita la afectación de participaciones federales de manera unilateral por parte del ISSSTE y evita sanciones mayores como la determinación de un crédito fiscal que incrementaría en un 100 por ciento el monto del pasivo por las multas.
Cabe hacer la precisión que la Secretaría de Finanzas, en los tres años y nueve meses que lleva la presenta administración gubernamental, cumplió con todas las aportaciones al ISSSTE, no aumentó los adeudos, no se trata de un pasivo generado en este gobierno, por el contrario, en el plazo citado (tres años y nueve meses), el pasivo inicial de 5,235.1 millones de pesos, fue amortizado hasta en un 33 por ciento, hasta quedar en 3,534.2 millones de pesos, cumplimiento que al final de cuentas debió ser lo que facilitó la negociación final.
Ya con el convenio suscrito, y los plazos de pago perfectamente establecidos el estado potosino queda en plena capacidad de planificar sus compromisos con sus finanzas públicas liberadas, determinar lo conducente con las participaciones federales anuales, pero el mayor provecho posible es que los derechos de jubilación de los empleados del sector educativo quedaron perfectamente resguardados porque al 31 de diciembre del año 2028 la deuda quedará totalmente liquidada.
CONTRASEÑA
La exhibida que le dieron al presidente municipal de la capital Xavier Nava en los medios nacionales, por hacer acuerdos, según él secretos, con conocidos fraccionadores para cambiar el uso de suelo en la Sierra de San Miguelito y en los terrenos de la empresa minera del periférico norte, solamente ratificó lo que ya se sabía en San Luis Potosí desde que se reveló quienes fueron los que le financiaron la campaña…pero lo que más indigna, es que su tío, el ex gobernador Horacio Sánchez finja demencia cuando ha sido el operador y principal artífice de que la empresa trasnacional para la que trabaja desde años, pueda tener los permisos para vender y construir impresionantes desarrollos inmobiliarios en terrenos de alta contaminación y tratando de que se olvide el grave daño a la salud que se ha generado a quienes viven en los alrededores y testimonios hay por miles…Los desarrolladores le apostaron al alcalde porque sabían que era fácil de convencer a través del tio, que aunque se indigne y ponga cara de serio, es conocido su interés en el tema sin importar que haya conflicto de interés porque uno es su patrón y el otro es su pariente…ojalá que de verdad se haga algo para evitar este negocio multimillonario que afecta mucho a la sociedad, a la ciudad y sobre todo a la moralidad, por el cochinero que hay que hacer para que se pueda llevar a cabo. Quizá lo logren, como siempre, pero que quede evidencia que se denunció a tiempo y se supone que en tiempos donde Andrés Manuel López Obrador promueve la honestidad y combate la corrupción, estas cosas no deben suceder…HASTA LA PRÓXIMA
