/ domingo 22 de noviembre de 2020

Las mejores calificaciones

Considerado nacionalmente como un estado con una buena competitividad en 70 indicadores, entre los que destacan una buena gobernabilidad, democracia, inclusión social, mercado laboral, conectividad, economía, salud y seguridad, San Luis Potosí se enfila hacia el 2021 con amplias posibilidades de romper todas las barreras que impuso durante meses la pandemia del Covid 19 y con acciones de gobierno rescatar a las familias que se quedaron rezagadas a lo largo y ancho del territorio potosino.

De acuerdo con evaluaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta capital se colocó entre las que tienen mayor capacidad de recuperación ante los desastres y con un nivel de competencia de los más sobresalientes entre las ciudades del país con un millón de habitantes y pone por delante la gobernabilidad y la capacidad para generar las inversiones que se requieren anualmente para que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, tengan los satisfactores adecuados.

Según el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, la tarea más importante de su mandato, se centra en proveer a la juventud de empleo, como única alternativa para que su integración familiar no sufra altibajos, sobre todo, por el acecho que les representan las actividades en los mercados negros delictivos, porque son dos o tres vertientes, responsables de siete de cada diez delitos que se cometen en el estado.

Hay varios factores que están en camino para redondear la labor gubernamental en torno a la gran cantidad de empresas que se negociaron y a los empleos generados en sus cinco primeros años de mandato, entre ellas, la última, la nueva Reforma Laboral, que, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la simpatía de Carreras López, por el impacto social y de trabajo que representa en la entidad, al proteger los intereses de los jóvenes que se contratan en empresas, en las que, hoy, virtualmente, no tienen derecho a nada.

El caso más sintomático, las outsourcing, en donde no existen los contratos de trabajo para quienes ahí se emplean, no hay seguridad social, tampoco Infonavit, fondo de ahorro, aguinaldo, vacaciones, e incapacidades por maternidad, menos. No hay nada, los salarios que deberían de ser profesionales, se liquidan al 40 por ciento abajo de la oferta en los mercados y a pesar del alarido del sector empresarial por su regulación o abolición en el mundo de los negocios y de las instituciones, todo se debe de enderezar.

Ciertamente, los empresarios auguran la pérdida de cuatro millones 600 mil empleos en el país, pero no es el tiempo de proteger a los grandes capitales, sino de ver por los trabajadores y las trabajadoras, por sus familias, por un sano equilibrio social y, en todo caso, el empleador que opere bajo el esquema de outsourcing, si no tiene para pagar lo que la nueva Reforma Laboral obliga, pues que se salga del mercado.

Va un ejemplo en tiempos de la pandemia, en la clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante una sala de espera a reventar, a finales de marzo llegó una señora en busca de atención médica. La recepcionista no la encontró en el Sindo y le informó, que no tenía derecho al servicio porque un día antes, viernes, su patrón la había dado de baja. La dama en mención argumentó que la “descansaron” a partir de ese viernes por la pandemia del Covid 19, pero no estaba despedida. No hubo marcha atrás, pero sí le dijeron que la consulta le costaba 648 pesos, con derecho a todos los servicios. Hasta eso, amablemente las dos partes, la posible paciente dio las gracias y se retiró con un grave rostro de desconsuelo, hasta que algunos familiares y enfermos la alcanzaron en la escalinata, con cooperación le completaron la cantidad requerida, pero optó por retirarse a buscar un consultorio Simi.

Tenemos entendido que la seriedad de los tratos del Gobernador Carreras López con los empresarios extranjeros no da pie a tanta corruptela, son empresas en toda la extensión de la palabra, profesionales, que vienen a hacer riqueza, pero también a repartirla en grados aceptables y este relato surgió porque la nueva Reforma Laboral llegó a San Luis Potosí y a otras siete entidades más con nuevas aristas, no privilegia a los capitales por encima de las familias de los trabajadores y trabajadoras.

De ahí que en su discurso en la Ciudad de México, el miércoles, Carreras López le dio la bienvenida a este nuevo instrumento que viene a regular, a hacer justicia en el sector productivo nacional y lo reiteró en una entrevista aquí el jueves: se trata de que las empresas no lastimen a los trabajadores y trabajadoras y, consecuentemente a sus familias, porque al eludir el industrial sus obligaciones como patrón, es abonar a la pobreza, que en tiempos de emergencia sanitaria como por la que México atraviesa, suele ser letal.

Al figurar el estado entre las ocho entidades que “estrenan” la nueva Reforma Laboral, fortalecerá la llegada de las empresas anunciadas para el 2021, 18, de inicio, pero que seguramente aumentarán conforme avance el fin del sexenio, porque la instrucción de Carreras López es ponerle broche de oro y abrir otro espacio como la justicia en el trabajo que, seguramente, también aumentará, a futuro, un indicador más al reconocimiento que el IMCO hizo esta semana a San Luis Potosí, pero que va a recoger la próxima administración.

Considerado nacionalmente como un estado con una buena competitividad en 70 indicadores, entre los que destacan una buena gobernabilidad, democracia, inclusión social, mercado laboral, conectividad, economía, salud y seguridad, San Luis Potosí se enfila hacia el 2021 con amplias posibilidades de romper todas las barreras que impuso durante meses la pandemia del Covid 19 y con acciones de gobierno rescatar a las familias que se quedaron rezagadas a lo largo y ancho del territorio potosino.

De acuerdo con evaluaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta capital se colocó entre las que tienen mayor capacidad de recuperación ante los desastres y con un nivel de competencia de los más sobresalientes entre las ciudades del país con un millón de habitantes y pone por delante la gobernabilidad y la capacidad para generar las inversiones que se requieren anualmente para que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, tengan los satisfactores adecuados.

Según el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, la tarea más importante de su mandato, se centra en proveer a la juventud de empleo, como única alternativa para que su integración familiar no sufra altibajos, sobre todo, por el acecho que les representan las actividades en los mercados negros delictivos, porque son dos o tres vertientes, responsables de siete de cada diez delitos que se cometen en el estado.

Hay varios factores que están en camino para redondear la labor gubernamental en torno a la gran cantidad de empresas que se negociaron y a los empleos generados en sus cinco primeros años de mandato, entre ellas, la última, la nueva Reforma Laboral, que, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la simpatía de Carreras López, por el impacto social y de trabajo que representa en la entidad, al proteger los intereses de los jóvenes que se contratan en empresas, en las que, hoy, virtualmente, no tienen derecho a nada.

El caso más sintomático, las outsourcing, en donde no existen los contratos de trabajo para quienes ahí se emplean, no hay seguridad social, tampoco Infonavit, fondo de ahorro, aguinaldo, vacaciones, e incapacidades por maternidad, menos. No hay nada, los salarios que deberían de ser profesionales, se liquidan al 40 por ciento abajo de la oferta en los mercados y a pesar del alarido del sector empresarial por su regulación o abolición en el mundo de los negocios y de las instituciones, todo se debe de enderezar.

Ciertamente, los empresarios auguran la pérdida de cuatro millones 600 mil empleos en el país, pero no es el tiempo de proteger a los grandes capitales, sino de ver por los trabajadores y las trabajadoras, por sus familias, por un sano equilibrio social y, en todo caso, el empleador que opere bajo el esquema de outsourcing, si no tiene para pagar lo que la nueva Reforma Laboral obliga, pues que se salga del mercado.

Va un ejemplo en tiempos de la pandemia, en la clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante una sala de espera a reventar, a finales de marzo llegó una señora en busca de atención médica. La recepcionista no la encontró en el Sindo y le informó, que no tenía derecho al servicio porque un día antes, viernes, su patrón la había dado de baja. La dama en mención argumentó que la “descansaron” a partir de ese viernes por la pandemia del Covid 19, pero no estaba despedida. No hubo marcha atrás, pero sí le dijeron que la consulta le costaba 648 pesos, con derecho a todos los servicios. Hasta eso, amablemente las dos partes, la posible paciente dio las gracias y se retiró con un grave rostro de desconsuelo, hasta que algunos familiares y enfermos la alcanzaron en la escalinata, con cooperación le completaron la cantidad requerida, pero optó por retirarse a buscar un consultorio Simi.

Tenemos entendido que la seriedad de los tratos del Gobernador Carreras López con los empresarios extranjeros no da pie a tanta corruptela, son empresas en toda la extensión de la palabra, profesionales, que vienen a hacer riqueza, pero también a repartirla en grados aceptables y este relato surgió porque la nueva Reforma Laboral llegó a San Luis Potosí y a otras siete entidades más con nuevas aristas, no privilegia a los capitales por encima de las familias de los trabajadores y trabajadoras.

De ahí que en su discurso en la Ciudad de México, el miércoles, Carreras López le dio la bienvenida a este nuevo instrumento que viene a regular, a hacer justicia en el sector productivo nacional y lo reiteró en una entrevista aquí el jueves: se trata de que las empresas no lastimen a los trabajadores y trabajadoras y, consecuentemente a sus familias, porque al eludir el industrial sus obligaciones como patrón, es abonar a la pobreza, que en tiempos de emergencia sanitaria como por la que México atraviesa, suele ser letal.

Al figurar el estado entre las ocho entidades que “estrenan” la nueva Reforma Laboral, fortalecerá la llegada de las empresas anunciadas para el 2021, 18, de inicio, pero que seguramente aumentarán conforme avance el fin del sexenio, porque la instrucción de Carreras López es ponerle broche de oro y abrir otro espacio como la justicia en el trabajo que, seguramente, también aumentará, a futuro, un indicador más al reconocimiento que el IMCO hizo esta semana a San Luis Potosí, pero que va a recoger la próxima administración.

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