Aunque ahora hay voces que interpretan la liberación de la ex secretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez como una teatralidad luego de que aceptara su culpabilidad por el mal uso de 32 millones de pesos en la compra simulada de pesticidas, lo cierto es que el proceso que se le sigue incluye la devolución 57 millones de pesos entre todas las personas involucradas, recursos que el gobierno restituirá al sector salud.
Esas voces olvidan que la detención de ex funcionarios públicos que devuelven recursos al Estado nunca se había registrado en la historia contemporánea de San Luis Potosí. ¿Para qué nos sirve a los potosinos que funcionarios corruptos sólo sean encarcelados si no regresan los recursos?
Si bien Rangel Martínez tiene señaladas irregularidades por más mil millones de pesos, el delito por el que fue denunciada refiere un daño al erario por 32 millones de pesos. Mismos que devolvió tras reconocer su culpabilidad. Que sea puesta en libertad no quiere decir que no pueda enfrentar otros procesos judiciales por el desvío de recursos en otros rubros, ni que la ex funcionaria, protegida de Juan Manuel Carreras López, goce de plena libertad como acusan algunos.
La ex candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí perdió su derecho a salir del país y con la culpabilidad a cuestas, será inhabilitada por las autoridades competentes para ocupar cargos públicos. La culpabilidad reconocida es también una sentencia moral con la que Mónica Rangel deberá vivir por el resto de sus días. Por cierto, militante activa del PRI.
También hay que decir, que el nuevo sistema de Justicia Penal permite los procesos judiciales abreviados y permite que, tras la reparación del daño, se le permita al infractor gozar de algunos derechos elementales como la devolución de su libertad. Incluso hay voces del Congreso local que avalan la reparación del daño.
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