El gobierno de la 4T debe aprender a manejar el ciclo de negocios y combatir crisis
La Pandemia Covid-19 obligó a replegar las actividades empresariales a nivel global y en México reportó la mayor factura en la pequeña y mediana empresa (Pyme), tras el cierre de un millón de empresas de este tipo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Surge la necesidad de un nuevo contrato social entre ellas, el Estado, la sociedad y sus empleados. Ha obligado a repensar cuál es –o será– el verdadero comportamiento de ellas.
Y plantea la interrogante: cuándo se retorne a algo parecido a la normalidad, el saldo de las transformaciones, ¿será positivo?
Lo que es evidente es que hay cambios en las ideas dominantes sobre cuál es el rol empresarial en la sociedad.
Es que se está operando un profundo cambio en las economías como consecuencia de la pandemia por el Covid–19.
En ese proceso los gobiernos contraen deuda, imprimen moneda e intervienen en los mercados de capitales. Todo eso respaldado –por ahora– con baja inflación en las más importantes economías, no así en las de países emergentes, como el nuestro que no se hizo nada parecido.
El desafío actual para los políticos es que deben aprender a manejar el ciclo de negocios y combatir crisis financieras sin politizar la economía.
La pandemia ha creado un inmenso desafío humanitario: millones de personas enfermas y cientos de miles de muertos; altísimas tasas de desempleo.
La pandemia también es un desafío para las empresas y sus directivos y empresarios, uno nunca visto, que las obliga a un cambio brusco en la forma en que trabajan los empleados, cómo se comportan los clientes, cómo funcionan las cadenas de suministro y hasta lo que en última instancia constituye el desempeño de la empresa.
Un elemento negativo que afectó a la economía fue la falta de confianza entre los empresarios. El empresariado, en general, se ha hecho mucho más cauteloso para invertir en México y eso se ha traducido en una caída fuerte en la formación del capital fijo. Ese es el legado más negativo en el gobierno de López Obrador.
Hasta ahora, su confrontación con ciertos grupos empresariales, deja pendiente su promesa, también empeñada en 2004, de que la nueva estrategia y política económica que podrían en marcha – de llegar a la Presidencia – consideraría en todo momento el papel del Estado para hacer converger los intereses y beneficios de la inversión pública y privada.
