/ viernes 14 de febrero de 2020

Entorno Empresarial

Órganos Constitucionales Autónomos


Desde la década de 1990, en México se crearon numerosos órganos autónomos de rango constitucional.

Son órganos contra mayoritarios, que ejercen un control institucional dentro de la estructura estatal, especialmente en referencia a los órganos tradicionales del poder.

Su presencia supone una evolución de la teoría tradicional de la separación de poderes, ampliándola; abren espacios de negociación y diversidad en el proceso de toma de decisiones.

El presidente ha iniciado, una reconfiguración de las estructuras y procesos de la administración pública federal para alinearlos a su agenda política.

Se han hecho importantes reasignaciones para el financiamiento a los programas prioritarios (Jóvenes Construyendo el Futuro, tren maya, etc.). Lo que inquieta es que en la mayoría de los casos, estas reasignaciones parecieran haber sido esencialmente discrecionales.

En pocas ocasiones han venido acompañadas de reglas de operación bien definidas, análisis costo-beneficio, estudios de impacto regulatorio o ambiental, o planes para compensar los efectos que habrán de presentarse en los sectores de política pública afectados por los recortes, sin mencionar la poca capacidad en gestionar el sector salud y su desabasto, que cuesta vidas.

El presidente ha mantenido, asimismo, una actitud ambivalente respecto del Estado de derecho y la normatividad de la administración pública.

Ocurrió en la adquisición de pipas por el desabasto de gasolina, en la futura administración del aeropuerto de Santa Lucía y en la ausencia de licitaciones abiertas para construir la refinería de Dos Bocas.

Es muy pronto para saber cuáles serán las consecuencias en la administración pública y la sociedad.

Por supuesto, sería impreciso afirmar que la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos o la ambigua relación con el Estado de derecho son atribuibles al nuevo gobierno.

Lo que sí puede criticarse es que el gobierno de López Obrador no solo no ha tratado de revertir esas prácticas; de hecho, a veces pareciera profundizarlas deliberadamente quitando del camino a los organismos autónomos.

Es un error ir para atrás en el debilitamiento de todo el sistema de órganos autónomos, que nos han permitido tener certeza e imparcialidad en una serie de procesos y de tareas del Estado que les han sido asignadas.

Órganos Constitucionales Autónomos


Desde la década de 1990, en México se crearon numerosos órganos autónomos de rango constitucional.

Son órganos contra mayoritarios, que ejercen un control institucional dentro de la estructura estatal, especialmente en referencia a los órganos tradicionales del poder.

Su presencia supone una evolución de la teoría tradicional de la separación de poderes, ampliándola; abren espacios de negociación y diversidad en el proceso de toma de decisiones.

El presidente ha iniciado, una reconfiguración de las estructuras y procesos de la administración pública federal para alinearlos a su agenda política.

Se han hecho importantes reasignaciones para el financiamiento a los programas prioritarios (Jóvenes Construyendo el Futuro, tren maya, etc.). Lo que inquieta es que en la mayoría de los casos, estas reasignaciones parecieran haber sido esencialmente discrecionales.

En pocas ocasiones han venido acompañadas de reglas de operación bien definidas, análisis costo-beneficio, estudios de impacto regulatorio o ambiental, o planes para compensar los efectos que habrán de presentarse en los sectores de política pública afectados por los recortes, sin mencionar la poca capacidad en gestionar el sector salud y su desabasto, que cuesta vidas.

El presidente ha mantenido, asimismo, una actitud ambivalente respecto del Estado de derecho y la normatividad de la administración pública.

Ocurrió en la adquisición de pipas por el desabasto de gasolina, en la futura administración del aeropuerto de Santa Lucía y en la ausencia de licitaciones abiertas para construir la refinería de Dos Bocas.

Es muy pronto para saber cuáles serán las consecuencias en la administración pública y la sociedad.

Por supuesto, sería impreciso afirmar que la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos o la ambigua relación con el Estado de derecho son atribuibles al nuevo gobierno.

Lo que sí puede criticarse es que el gobierno de López Obrador no solo no ha tratado de revertir esas prácticas; de hecho, a veces pareciera profundizarlas deliberadamente quitando del camino a los organismos autónomos.

Es un error ir para atrás en el debilitamiento de todo el sistema de órganos autónomos, que nos han permitido tener certeza e imparcialidad en una serie de procesos y de tareas del Estado que les han sido asignadas.

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