FLAGELO INSOSTENIBLE
En la última década San Luis Potosí ha enfrentado una innegable crisis de inseguridad caracterizada por altos índices delictivos y el ejercicio de diversos tipos de violencia.
Esto claramente hace evidente la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva para garantizar la paz de la sociedad y la urgencia de encontrar un rumbo efectivo para combatir la delincuencia.
Normalmente cuando hacemos referencia a la problemática de seguridad por la cual atraviesa nuestra ciudad, nos olvidamos de hablar del delito más cercano al ciudadano: el robo.
Muchos estudiosos y expertos en la materia, olvidan analizar este ilícito pese a su cercanía y frecuencia.
No obstante, esto no debiera ser así pues en muchos casos el robo representa la base de diversos delitos patrimoniales o violentos y, por ende, su atención no debe ser relegada.
Es incuestionable que el robo se presenta cotidianamente en la vida de los Potosinos, casi todas las familias tienen la historia de un robo a casa habitación, un robo con violencia e incluso una serie de diversos robos vividos consecutivamente.
Ser víctimas de robo no debería ser aceptado y mucho menos tolerado; aunque pareciera ser ya un acontecimiento de la vida normal.
Sabemos, hoy por hoy, que las grandes empresas a la fecha tienen contemplado en sus presupuestos los gastos de seguridad. Sin embargo, para un micro empresario enfrentar los costos del robo es un flagelo a la economía local.
Cuando hablamos del fenómeno del robo y su impacto en la vida implica las consecuencias económicas, físicas y psicológicas de este ilícito al grado que modifica sus actividades cotidianas.
Es un hecho que el robo con y sin violencia es un grave problema para las familias y empresas, y no se vislumbra una estrategia para desincentivarlo, prevenirlo o combatirlo.
Es un llamado muy serio a las autoridades antes de que la sociedad se manifieste de manera adversa y haga su propia ley ante la impotencia y la poca efectividad de las políticas de seguridad.
De ahora en adelante es necesario que la autoridad redoble esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes así como del sano desarrollo económico, no sólo porque son derechos inalienables de los ciudadanos, sino también para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo económico y social.
