/ domingo 15 de noviembre de 2020

El pacto por San Luis

Dos vertientes se abren simultáneamente para el año próximo, la política y la económica, ambas de riesgo, si el comportamiento social sale de sus cauces en el estado y el apasionamiento invade a aspirantes a puestos de elección popular y a votantes, de ahí la importancia de la firma de la “Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía en el Proceso Electoral 2020-2021”.

Ambos caminos pueden resultar tortuosos y funestos, ya que se elegirá gobernador del estado y hay de por medio el anuncio de 18 nuevas empresas europeas y asiáticas para poblar de empleos la zona metropolitana, que podrían replegarse si se repite la fórmula de 1991, ante la posibilidad de que los discursos sean como hace tres años, cuando los partidos políticos contendieron por la alcaldía capitalina: nauseabundos, infames.

La intención del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, al convocar a todos los sectores sociales a firmar este acuerdo es que garantice respeto en las plazas públicas, moderación en el acercamiento verbal con la autoridad electoral y los votantes, reconocimiento por los contrincantes y, finalmente, aceptación de los resultados finales.

Carreras López se adelantó para pacificar las aguas temprano, antes de que se formarán las dos corrientes políticas en alianza, dos bloques con gran poder de convocatoria, pero de diferente ideología, que van a pelear palmo a palmo los municipios, los distritos electorales, para sucederlo en el poder y para ganar la mayoría de las diputaciones federales, en un solo paquete, único botín para abrir otras expectativas nacionales frente a la aplastante legitimidad que le dieron más de 30 millones de votos al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. La Declaratoria de Civilidad tiene un gran fondo político y económico, Carreras López busca rescatar indemnes ambos sectores, garantizan equilibrio social, y que sea la sociedad la que elija libremente la mejor propuesta entre los candidatos y dejar a salvo la llegada de las inversiones que pueden cerrar su sexenio de la mejor forma después de la devastación que dejó a su paso la pandemia del Covid 19.

La responsabilidad política y social del mandatario potosino no es menor y menos en un panorama nacional tan polarizado, en el que el poder económico tradicional echará toda la carne al asador en busca de recuperar los privilegios perdidos vía la Cámara de Diputados Federal, que es en donde se autoriza la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federal, por cierto, para el año próximo, por seis billones 290 mil millones de pesos.

El rostro amable de la contienda política, el deseable, surgirá si los bloques en disputa y sus candidatos, logran el interés de la población, que dejen escuela y reafirman nuestra pluralidad, con el cumplimiento de la ley, fomento a la civilidad y que las plataformas de los partidos participantes motiven a que se voten los mejores perfiles, masivamente, así como ocurrió en la elección presidencial del 2018, en la que, por primera vez en la historia, nadie pudo alegar ilegitimidad. Precisamente este es el resultado que busca el gobernador, al adelantarse y convocar la participación sectorial en forma integral, todavía cuando no hay candidatos oficiales a sucederlo, cuando el calendario electoral no agota sus tiempos y hay todas las alternativas para poner a salvo las inversiones que necesita San Luis Potosí para dar solidez a su reactivación económica y preservar la paz social.

Ambas vertientes, la política y la económica no pueden restarse posibilidades, ninguna de las dos puede tener mejores alternativas, pero la desventaja estriba en que elecciones descalificadas, judicializadas, van a dar al demonio con el trabajo que representó traer inversión extranjera para fortalecer las economías de las familias de la zona metropolitana, que además es la más poblada de estado y, por lo tanto, la que debe de ser gobernada con un gran equilibrio político, económico y social, como así ocurre. San Luis Potosí es un estado libre de conflictos.

El trabajo al frente del Poder Ejecutivo tiene ejes muy definidos, se centró en la educación, el 80 por ciento de escuelas públicas remodeladas; en salud, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, el mejor exponente, nuevo, elevado a tercer nivel como se buscó infructuosamente por décadas y la concertación de inversión extranjera que suma 76 empresas, igual a 100 mil empleos y puede cerrar su mandato con 10 mil millones de dólares en este capítulo. Vienen además las autopistas La Pitaya-Libramiento Oriente, Estación Ventura-El Peyote y la vía alterna a la zona industrial, por la prolongación de la avenida Juárez a iniciar en diciembre y en enero, respectivamente, con recursos federales por más de 13 mil millones de pesos y si hemos de hablar en plata pura en otros sexenios fueron obras imposibles que ahora tenemos prohibido echar a perder si llegaran a darse pasiones enfermizas pre y post electorales en el 2021.

Como podemos concluir, tenemos “nudo de marrano”, no habrá mucho hacia dónde escondernos, si las dos vertientes o ninguna, pero la paradoja estriba en que, como electores, es nuestra la varita mágica para equilibrar todo el proceso electoral desde lo más profundo de nuestra conciencia, y rechazar todo lo que huela a conflicto político.

Recordemos que calenturas ajenas, nos desbarrancaron hace 29 años por 20, se optó por la “democracia”, no por el progreso, caímos en la pobreza y apenas salimos del atraso, de ahí la importancia de la “Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía en el Proceso Electoral 2020-2021” a que se convocó, oportunamente. HASTA LA PRÓXIMA

Contacto:

@lozano_ray

Dos vertientes se abren simultáneamente para el año próximo, la política y la económica, ambas de riesgo, si el comportamiento social sale de sus cauces en el estado y el apasionamiento invade a aspirantes a puestos de elección popular y a votantes, de ahí la importancia de la firma de la “Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía en el Proceso Electoral 2020-2021”.

Ambos caminos pueden resultar tortuosos y funestos, ya que se elegirá gobernador del estado y hay de por medio el anuncio de 18 nuevas empresas europeas y asiáticas para poblar de empleos la zona metropolitana, que podrían replegarse si se repite la fórmula de 1991, ante la posibilidad de que los discursos sean como hace tres años, cuando los partidos políticos contendieron por la alcaldía capitalina: nauseabundos, infames.

La intención del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, al convocar a todos los sectores sociales a firmar este acuerdo es que garantice respeto en las plazas públicas, moderación en el acercamiento verbal con la autoridad electoral y los votantes, reconocimiento por los contrincantes y, finalmente, aceptación de los resultados finales.

Carreras López se adelantó para pacificar las aguas temprano, antes de que se formarán las dos corrientes políticas en alianza, dos bloques con gran poder de convocatoria, pero de diferente ideología, que van a pelear palmo a palmo los municipios, los distritos electorales, para sucederlo en el poder y para ganar la mayoría de las diputaciones federales, en un solo paquete, único botín para abrir otras expectativas nacionales frente a la aplastante legitimidad que le dieron más de 30 millones de votos al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. La Declaratoria de Civilidad tiene un gran fondo político y económico, Carreras López busca rescatar indemnes ambos sectores, garantizan equilibrio social, y que sea la sociedad la que elija libremente la mejor propuesta entre los candidatos y dejar a salvo la llegada de las inversiones que pueden cerrar su sexenio de la mejor forma después de la devastación que dejó a su paso la pandemia del Covid 19.

La responsabilidad política y social del mandatario potosino no es menor y menos en un panorama nacional tan polarizado, en el que el poder económico tradicional echará toda la carne al asador en busca de recuperar los privilegios perdidos vía la Cámara de Diputados Federal, que es en donde se autoriza la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federal, por cierto, para el año próximo, por seis billones 290 mil millones de pesos.

El rostro amable de la contienda política, el deseable, surgirá si los bloques en disputa y sus candidatos, logran el interés de la población, que dejen escuela y reafirman nuestra pluralidad, con el cumplimiento de la ley, fomento a la civilidad y que las plataformas de los partidos participantes motiven a que se voten los mejores perfiles, masivamente, así como ocurrió en la elección presidencial del 2018, en la que, por primera vez en la historia, nadie pudo alegar ilegitimidad. Precisamente este es el resultado que busca el gobernador, al adelantarse y convocar la participación sectorial en forma integral, todavía cuando no hay candidatos oficiales a sucederlo, cuando el calendario electoral no agota sus tiempos y hay todas las alternativas para poner a salvo las inversiones que necesita San Luis Potosí para dar solidez a su reactivación económica y preservar la paz social.

Ambas vertientes, la política y la económica no pueden restarse posibilidades, ninguna de las dos puede tener mejores alternativas, pero la desventaja estriba en que elecciones descalificadas, judicializadas, van a dar al demonio con el trabajo que representó traer inversión extranjera para fortalecer las economías de las familias de la zona metropolitana, que además es la más poblada de estado y, por lo tanto, la que debe de ser gobernada con un gran equilibrio político, económico y social, como así ocurre. San Luis Potosí es un estado libre de conflictos.

El trabajo al frente del Poder Ejecutivo tiene ejes muy definidos, se centró en la educación, el 80 por ciento de escuelas públicas remodeladas; en salud, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, el mejor exponente, nuevo, elevado a tercer nivel como se buscó infructuosamente por décadas y la concertación de inversión extranjera que suma 76 empresas, igual a 100 mil empleos y puede cerrar su mandato con 10 mil millones de dólares en este capítulo. Vienen además las autopistas La Pitaya-Libramiento Oriente, Estación Ventura-El Peyote y la vía alterna a la zona industrial, por la prolongación de la avenida Juárez a iniciar en diciembre y en enero, respectivamente, con recursos federales por más de 13 mil millones de pesos y si hemos de hablar en plata pura en otros sexenios fueron obras imposibles que ahora tenemos prohibido echar a perder si llegaran a darse pasiones enfermizas pre y post electorales en el 2021.

Como podemos concluir, tenemos “nudo de marrano”, no habrá mucho hacia dónde escondernos, si las dos vertientes o ninguna, pero la paradoja estriba en que, como electores, es nuestra la varita mágica para equilibrar todo el proceso electoral desde lo más profundo de nuestra conciencia, y rechazar todo lo que huela a conflicto político.

Recordemos que calenturas ajenas, nos desbarrancaron hace 29 años por 20, se optó por la “democracia”, no por el progreso, caímos en la pobreza y apenas salimos del atraso, de ahí la importancia de la “Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía en el Proceso Electoral 2020-2021” a que se convocó, oportunamente. HASTA LA PRÓXIMA

Contacto:

@lozano_ray

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