El INSABI nace condenado

Dice el viejo dicho de la conseja popular que si algo funciona, lo único que tienes que hacer es no tocarlo, lamentablemente, en este gobierno, el sentido común es el menos común de los sentidos y hoy asistimos a la desaparición de un programa que ha sido ejemplo internacional para garantizar el derecho a la salud de las personas en mayor condición de vulnerabilidad, el Seguro Popular.

En su lugar, el Senado de la República, con el voto de la mayoría de Morena, aprobó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Si solo fuera una permuta de siglas el tema sería episódico y un testimonio más de que este gobierno solo está dispuestos a apoyar las buenas prácticas siempre que se apropie nominativamente de ellas, pero lamentablemente no es solo un cambio de nombre y el daño que se ocasionará será irreversible y lo peor es que los afectados serán los grupos más desprotegidos de la sociedad.

Desaparecer el Seguro Popular es contrario al espíritu de justicia social del que emanó el entramado jurídico e institucional del Estado mexicano en el siglo XX y es, además, una negación del discurso presidencial de poner al gobierno al servicio de quienes más lo necesitan.

Una de las principales preocupaciones del cambio que el presidente y Morena realizaron de manera irresponsable es que durante los primeros meses de su administración, hemos visto que el manejo aceptablemente eficiente que tenía el Seguro Popular, una vez que ellos tomaron las riendas, comenzó a dar señales muy lamentables de mala gestión, lo que incluyo falta de pago a médicos, escasez de medicamentos e insuficiencia operativa para prestar el servicio.

En el discurso, se dice que con el INSABI se busca establecer un sistema público de salud gratuito para personas sin seguridad social, como el de países desarrollados como Canadá o Dinamarca. El problema, es que las capacidades de administración pública del gobierno federal han sido claramente rebasadas en rubros como el mencionado, además de que no existe un esquema de financiamiento suficientemente claro y tampoco soportado técnicamente.

Contemplar que el sistema de salud homologue la prestación gratuita de servicios médicos, medicamentos y demás insumos, sin asegurarse de que los fondos serán suficientes y que estarán garantizados sin poner en peligro la operación del INSABI, es un acto de grave irresponsabilidad y demagogia.

¿Por qué sostener la fantasía de que se trabaja para ser como Suecia, si eso solo ocurre en un discurso delirante? ¿De qué sirve que amplíen el espectro de padecimientos cubiertos hasta ahora o la inscripción al nuevo esquema? Si cómo ocurrirá, solo se asegura el funcionamiento del programa en el corto plazo, de forma cierta un año, pero no se tiene la certeza sobre la continuidad de esta política pública.

Lo peor de todo es que lo que se está jugando no es solo un capricho del Ejecutivo, sino la salud de 53 millones de afiliados, casi el 90 por ciento de la población no derechohabiente, seres humanos que no contaban con otro tipo de protección médica más que la del Seguro popular.

Es cierto que el Seguro Popular enfrentaba retos, pero eran superables y la solución no era esa politiquería de matarlo de inanición, porque a quien se vulnera no es a ningún partido político o gobierno, sino al derecho humano a la salud de millones de familias mexicanas que lo necesitaban y que hoy con el INSABI viven en la incertidumbre.

Marco A. Gama Basarte (PAN)

Senador de la República por SLP

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