El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó el Indep, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que es un organismo descentralizado “encargado de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado, con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, buscando contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, las Finanzas Públicas y el Sistema Financiero Mexicano”.
En pocas palabras, es el organismo encargado de administrar los bienes que el Estado recupera luego de haber sido obtenidos mediante hechos delictivos, como pueden ser, actos de corrupción de ex funcionarios.
Bien haría el Gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona en replicar este tipo de proyectos, si bien, crear un instituto local para este tipo de temas pudiera ser inviable, la buena relación de su mandato con el Gobierno Federal pudiera abrir la puerta para que el Indep se encargara de administrar los bienes recuperados por el estado potosino.
Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo con ex funcionarios de la pasada administración que ya enfrentan tras las rejas procesos por casos de presumible corrupción y se habla de varios millones del erario que fueron desviados.
El tamaño de la “maldita herencia”, por ejemplo, en el Sector Salud, es enorme y parece que estamos presenciando apenas la punta del iceberg. Ya los dos ex secretarios de esta dependencia durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López están presos por múltiples irregularidades.
Resulta que, por ejemplo, a la doctora Mónica “N” la ley no la puede juzgar por inmoralidades, como haber abandonado su cargo para buscar otra posición política en medio de la pandemia, dejando sus responsabilidades con el único fin de seguir sus intereses. Y dijéramos que no hay problema, pero cosas peores pasaron durante su gestión.
Medicamentos caducos, compras millonarias a proveedores con Gabriel Salazar, estafador también preso, contratación de empresas para producción multimedia con sobrecosto, entre otras irregularidades que ya están siendo investigadas, hacen presumir que tanto Mónica como Miguel Ángel “N”, deberán pasar un buen tiempo tras las rejas.
Sin embargo, volviendo al inicio de esta entrega, una verdadera reparación del daño más allá de la cárcel sería que los exfuncionarios corruptos devolvieran lo robado y que esos bienes fueran subastados, o en dado caso, que devuelvan el recurso en cuestión y que sea utilizado para mantenimiento, medicamentos y equipamiento de hospitales.
Si bien las acciones del actual gobierno confirman que ya se nota un cambio, aún falta mucho por hacer para remediar la podredumbre que dejó la herencia maldita en diversas áreas, pues falta que la acción de la justicia alcance a otros exfuncionarios de dependencias como Seduvop, Comunicaciones y Transportes, o Finanzas.
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